Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar.
En sesión celebrada la tarde de este miércoles y por mayoría de votos , el pleno jurisdiccional tomó esta determinación argumentando que dichos reos se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia.
Al resolver el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, se estableció que dicha decisión parte del hecho de que la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales han realizado una interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia.
Por lo que con esta acción se busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad.
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá implementar una primera etapa de prueba antes de los comicios de 2024, en la que se establezca el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión.
Además precisaron que será el INE el que defina si la posibilidad de votar se aplicará solamente en la elección presidencial o en elecciones locales, esto a partir de las necesidades y posibilidades administrativas y financieras que se requiera.
También deberá fijar el mecanismo que se implementará para que las personas puedan sufragar en prisión, incluido el voto por correspondencia.
Es así que el INE deberá coordinarse con las autoridades penitenciarias competentes o con aquellas que considere oportuno para llevar a cabo la prueba inicial, que deberá atender la normativa aplicable al momento de su implementación, además de abarcar todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios.
Cabe recordar que Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, personas que se auto adscribieron indígenas que se encuentran recluidos y enfrentan un proceso penal, cuestionaron por medio de dos recursos la omisión del INE de implementar mecanismos que garanticen el derecho a votar de las personas que se encuentran privadas de su libertad sin haber sido condenadas por sentencia ejecutoriada.
