Propone Cuitláhuac ley para reducir salarios y prestaciones de burócratas; limitarían vehículos, viáticos y escoltas

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, presentó ante el Congreso Local, una iniciativa de Ley de Austeridad para Veracruz, en la que se contempla la reducción de sueldos y prestaciones a los altos funcionarios de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.

Además prevé la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.

En la exposición de motivos, el titular del Ejecutivo señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 127 y el artículo 82 de la Constitución para el Estado de Veracruz el esquema de control salarial, mismo que será desarrollado en una ley reglamentaria que establecerá las directrices enunciadas en la ley propuesta y que por separado, se someterá a la consideración del Legislativo.

El planeamiento de García Jiménez, que fue turnado a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, para su análisis y dictaminación, también prevé evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.

Según él, así el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.

De ser dictaminada y aprobada la iniciativa, también se restringiría a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.

Adicionalmente, se limitaría el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.

Se lee en la propuesta que el gasto en propaganda oficial también se restringiría, disminuyéndolo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.

Se establecerían límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se estipularían reglas para topar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.

Con esta ley, se fijarían límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.

En su redacción también se establece que no se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.