Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), enumeró que desde el 6 de junio, día en que el Ejecutivo Federal emitió el decreto que elimina las vedas y permite la concesión del agua, se han entregado más de 400 permisos, principalmente a empresa privadas, en todo el país.
Si bien dijo que estos avales que ha emitido la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no se pueden revocar al ser un derecho adquirido por parte de los solicitantes, señaló que espera que el próximo Gobierno de la República, deje sin efecto estas decisiones del actual.
“Hasta hace dos semanas se habían entregado más de 400 concesiones para los cien ríos (que ya no cuentan con veda). No es fácil, estamos revisando pero sabemos que sí se están entregando las concesiones”, expresó en entrevista previa al Diálogo Público “El agua en nuestras cuencas. Los Decretos Presidenciales una amenaza para la vida”, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado.
Rodríguez Almazán recordó que el impacto más importante que tendría la explotación del agua mediante estos permisos, es que se alteraría el régimen hídrico de las cuencas, lo que provocaría que comunidades asentadas en las partes bajas de las mismas, se queden sin el vital líquido para su consumo y también para el riego de sus cultivos.
Según él, los estudios con los que se hicieron los decretos son obsoletos y falsos y suponen un régimen hídrico inexistente, “y supone un fuerte presión sobre el líquido, hay una fuerte contaminación sobre el líquido”
Reiteró que el emitir concesiones sólo contemplando los criterios de disponibilidad y quien la pida primero, no es nada responsable para un recurso tan necesario para todos los seres vivos.
El ambientalista indicó que la Conagua tiene un “descontrol” sobre las concesiones que ha otorgado para la explotación del agua y citando expertos en la materia, expuso que sólo el 20% de los alumbramientos de agua están registrados ante esta dependencia federal y de éste, sólo el 15% está bajo su control.
“No hay un control estricto y liberarlo de esta manera, en lugar de favorecer a este control en esta administración, pues va a volver un caos, lo que ya es un caos”, reiteró al especificar que la mayoría de los permisos los están solicitando empresas de los sectores de extracción petrolera y minero.
Señaló que aunque los decretos presidenciales no digan abiertamente que con la concesión de los ríos, los pobladores que viven en su márgenes tendrán que pagar para usar el agua, es un escenario que podría ocurrir.
“Hay una fuerte tendencia en el país para privatizar el agua, como ocurrió en el Puerto de Veracruz, lo que puede ocurrir en Coatzacoalcos y si nos dejamos podría pasar en cada uno de los municipios que tienen este control del agua (mediante sus órganos operadores propios)”, finalizó Emilio Rodríguez.
