Al rendir su primer informe el presidente Andres Manuel López Obrador, aseguró que asume el compromiso de separar a los empresarios más ricos de México, de los negocios relacionados con el Gobierno, por virtud de que la redistribución del ingreso es prioridad nacional y del nuevo Gobierno que él encabeza, buscando utilizar la redistribución del ingreso para crear condiciones en donde no exista corrupción que beneficie a los funcionarios públicos y que los empresarios solo reciban las utilidades que legítimamente les correspondan.
Los gobiernos neoliberales, han generado una gran división de clases sociales, desapareciendo a la clase media, incrementando el número de pobres y reduciendo a una cúpula el número de privilegiados, que con sus relaciones gubernamentales, han acaparado la riqueza pública, gozando de impunidad y protección.
Empresas corporativas que han sido utilizadas para consolidar fortunas y sus socios, tienen mucho que aclarar para justificar el surgimiento de grandes capitales en poder de nuevos ricos, quienes en los últimos treinta y dos años, aprovecharon las influencias de servidores públicos que jamás se ajustaron a la rendición de cuentas para no incurrir en las conductas que sancionan el Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Está comprobado que es en las entidades federativas, donde los empresarios dependen para el éxito de sus negocios, del gasto público del Gobierno. Sin embargo, es ahí donde existe menos crecimiento, por las mermas que van encareciendo las compras de bienes y servicios, que incluyen lo que inicialmente fuera bautizado coloquialmente como “el diezmo”, que hoy se ha duplicado y triplicado por la ambición desmedida de quienes lucran desde el sector privado, con funcionarios públicos corruptos.
La reforma fiscal que entrará en vigor el próximo primero de enero, ha desatado serias discusiones entre los lideres empresariales que se niegan a pagar más impuestos y los representantes del Gobierno que insisten en la necesidad de crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de los sectores empobrecidos del país. La petición de los empresarios para aumentar la competitividad, demanda una aceleración de las compras nacionales y una mayor inversión en programas de investigación y apoyo al desarrollo tecnológico.
No olvidar que la rectoría económica del estado es para que se impongan condiciones de equidad en contra de la desigualdad social.
