Desde 2016 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública (SFP) -incluso durante la gestión actual- ha desechado y archivado por falta de elementos probatorios al menos 12 investigaciones a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), de las 24 ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con la compra y rehabilitación de la planta de Agronitrogenados.
Las otras 12 investigaciones, iniciadas en 2019, se mantienen abiertas, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia formulada por MILENIO.
Las auditorías de la ASF a la adquisición y remodelación de dicha planta se realizaron como parte de las revisiones a las actuaciones de filiales de Pemex, como PMI Comercio Internacional y Pemex Fertilizantes, en las cuentas públicas 2015, 2016 y 2018.
El ‘carpetazo’ a algunas de esas indagatorias se dio por parte de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, que depende de la SFP, tanto en la administración pasada, cuando la Secretaría estaba encabezada por Arely Gómez, como por el actual gobierno, en el que Irma Eréndira Sandoval encabeza la dependencia.
Cuatro de las investigaciones desechadas se iniciaron en la administración pasada y ocho, en la actual.
Cuestionada al respecto, la SFP explicó que “es relevante tener presente que con la reforma energética cambió el régimen de responsabilidades”.
En ese sentido, informó que “el artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece que las empresas filiales no son consideradas empresas o entidades paraestatales. Y el artículo 90 de la misma Ley establece que la Unidad de Responsabilidades tiene alcance solo en personal de Pemex y subsidirias, no filiales”.
Casos desechados
Entre los casos relevantes que la SFP desechó, destaca el procedimiento iniciado el 17 de noviembre de 2016 para sancionar a los funcionarios de Pemex que adquirieron la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación.
En la auditoría 438, de la Cuenta Pública del año 2016, la ASF emitió la recomendación para iniciar el procedimiento sancionatorio por ese caso; sin embargo, la Secretaría se declaró incompetente para sancionar.
La dependencia, ya a cargo de Irma Eréndira Sandoval, también archivó, por considerar que faltaban elementos probatorios, una indagatoria para sancionar a funcionarios de Pemex que, por su omisión, ocasionaron la pérdida de 212.6 millones de dólares derivados del deterioro de la infraestructura adquirida.
Esa investigación se inició el 16 de julio de 2019, como parte de la auditoría 471 que la ASF realizó a la Cuenta Pública 2018.
También se dio de baja por falta de elementos probatorios el procedimiento administrativo que la ASF recomendó emprender, en la auditoría 532 de la Cuenta Pública 2015, para sancionar a los servidores públicos “que en su gestión planearon, programaron presupuestaron, adjudicaron y contrataron los servicios referentes a la rehabilitación de la planta de fertilizantes sin contar con la definición del alcance los trabajos requeridos para los proyectos a su cargo”.
Otro procedimiento que fue archivado por falta de elementos, por la actual administración, fue el relacionado con las irregularidades de los servidores públicos que formalizaron el contrato referente al “suministro de agua tratada”, en el cual se pagaron costos adicionales por 22.7 millones de pesos, ya que se pagaron durante cinco meses cuotas de 3.2 millones y de 1.2 millones de pesos.
La Unidad de Responsabilidades de Pemex también archivó el procedimiento para sancionar los actos u omisiones de servidores públicos que en su gestión determinaron que fuera PMI y no Pemex-Petroquímica quien tuviera a su cargo la rehabilitación de la planta para llevar a cabo la producción de fertilizantes, sin haber justificado y motivado las razones que le dieron lugar.
Asimismo, dio de baja otro en el que debían investigarse y sancionarse los actos u omisiones por los que se autorizó la contratación de las obras sin antes haber realizado investigación de campo en cuanto a precio, cantidad y calidad, ni considerar las publicaciones, informes y estadísticas sobre los sectores productivos de la competencia de las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo, con el fin de planear la estrategia comercial más adecuada.
