El dictamen sobre la Guardia Nacional que será discutido por la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario de sesiones establece que la Secretaría de Hacienda podrá descontar dinero a los estados que no tengan la capacidad de otorgar los servicios de seguridad pública.
En el régimen transitorio, los legisladores federales determinaron que cuando se cumplan dos años de la entrada en operación de la Guardia Nacional, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) realizará un diagnóstico para determinar “el estado de fuerza y las capacidades institucionales” de las corporaciones federales, estatales y municipales.
En caso de que las autoridades locales cuenten con “fortaleza institucional” necesaria, podrán retomar el mando de las acciones en materia de combate al crimen.
En caso contrario, el secretariado ejecutivo gestionará la “intervención” de las policías municipales o estatales para generar las capacidades necesarias que permitan hacer frente al problema.
Luego de seis meses de la primera revisión, se podrá llevar a cabo un segundo diagnóstico.
En caso de que persistan las deficiencias, Hacienda descontará a los gobiernos estatales parte del presupuesto asignado para la seguridad pública, ya que las fuerzas federales se mantendrán al frente de esa tarea.
“Si como resultado persiste la falta de fortaleza institucional que no permite que las corporaciones policiales locales asuman la función de seguridad pública, la Secretaría de Hacienda descontará del rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública al gobierno de la entidad federativa o municipio respectivo el monto que corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la federación”, detalla el dictamen.
Durante las audiencias convocadas por la Cámara de Diputados para analizar el tema de la Guardia Nacional, los gobernadores del PRI manifestaron su preocupación sobre esta disposición.
El Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, cuestionó que la decisión quede completamente en manos de las autoridades federales.
“Nos parece riesgoso que el secretariado ejecutivo del SNSP y el Consejo de Seguridad Interior de nueva creación y aún no reglamentado puedan decidir mediante un diagnóstico la capacidad de las corporaciones de seguridad estatales y municipales intervenir en ellas y dado el caso desaparecerlas para la que federación se haga cargo de sus funciones, descontando los recursos federales correspondientes para reorientarlos”, indicó.
En tanto, el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, se pronunció por aclarar todas las lagunas que contiene el dictamen, tras reconocer que será una tarea complicada certificar a las policías estatales.
