Durante el 2017 las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos lograron una reducción de su deuda pública en términos reales de apenas un tres por ciento en comparación con el año anterior, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF determinó que siete entidades (Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Sonora) concentran más del 61 por ciento de los 580 mil 644.7 millones de pesos de deuda pública que se mantiene.
Por lo que alertó del riesgo por la magnitud de dichas deudas debido a las presiones que esto puede representar para sus finanzas públicas para cubrir el servicio de la deuda, ya que se privilegiaron operaciones de refinanciamiento y contratación de obligaciones a corto plazo.
Contrario a esta tendencia, Querétaro, Guanajuato, Chiapas, Durango, San Luis Potosí y Tlaxcala presentan mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras.
Asimismo, la ASF realizó 11 auditorías para verificar la deuda pública subnacional en donde se analiza la deuda que adquirieron, los riesgos financieros reportados por las agencias calificadoras y la conclusión de los periodos de gobierno y realizó una auditoria para determinar la posición fiscal de los gobiernos de las 32 entidades federativas.
Derivado de esto, se encontró una dependencia presupuestaria de los gobiernos locales respecto de los recursos federales y una limitada recaudación fiscal local; falta de transparencia y rendición de cuentas en la revelación de la información financiera y discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos obtenidos mediante créditos a corto y largo plazos.
