A pesar de que voces interesadas han intentado hacer creer que la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte –en el que perdieron la vida cinco personas, entre éstas el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera- está cerrada, lo cierto es que el caso sigue abierto y dando de qué hablar.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia por irregularidades en la investigación del asesinato múltiple cometido el 31 de julio de 2015.
De acuerdo con la determinación del organismo, las autoridades violaron los derechos de las víctimas y sus familiares al no seguir los protocolos de investigación adecuados y por varias irregularidades cometidas en las actuaciones ministeriales, entre éstas la filtración a los medios de sus datos personales y de las fotografías de los cuerpos tomadas por los peritos.
Asimismo, para la CDHDF no se agotaron todas las líneas de investigación del caso con perspectiva de género ni de derechos humanos, ni se tomó en cuenta las actividades políticas y periodísticas de Nadia Vera y Rubén Espinosa, siendo que ambos salieron huyendo de Veracruz hostigados por el gobierno de Javier Duarte.
El organismo pidió a las autoridades resarcir el daño a los familiares de las víctimas, agotar todas las líneas de investigación sugeridas, la participación de fiscalías especializadas (no sólo la de homicidios), aplicar una sanción a los funcionarios que filtraron datos de la indagatoria, así como una indemnización económica.
¿Qué dirán ahora todos los que libraron de toda culpa al duartismo por este caso?
