Son 4 nuevos partidos

Contrario a la desburocratización del sistema partidista, el OPLE de Alejandro Bonilla Bonilla argumenta un acuerdo alto nivel para aprobar la creación de cuatro nuevos partidos que significan pulverizar el voto, mayor gasto del dinero público y confusión del electorado en el proceso electoral local del próximo año, amén de que los cuatro nuevos partidos son hijos de los partidos grandes y no cumplen con el rigor de los requisitos; por si fuera poco, los cuatro recibieron sanciones de fiscalización por violentar las reglas con mapachadas para realizar sus asambleas. En estricto apego a la ley ninguno debería alcanzar el registro.
Mientras que la Reforma Electoral promovida por Morena para adelgazar la burocracia a través de reducir el 50 por ciento de presupuesto público a los partidos políticos y la supresión de los 212 consejos electorales municipales alcanzó ayer el 50 por ciento más uno de aprobación en los cabildos veracruzanos, el OPLE recibe línea para aprobar la creación de cuatro partidos nuevos que nacen como engendros de mañas y corrupción.
Los acuerdos para que pasen; Podemos -“jodemos”- del camaleónico y mercenario Francisco Garrido Sánchez; TXVer del priísta Gonzalo Morgado Huesca quien se presume que sólo es pantalla de Héctor Yunes Landa; Fénix de la panista Cinthya Lobato y Bienestar y Justicia Social de Antonio Luna quien ya perdió el registro como Partido Cardenista, no son producto de las asambleas ni de la voluntad ciudadana, sino de una operación de mapaches con dinero de origen desconocido.
Hay alguien de la nueva clase política con suficiente perversidad para operar de manera alevosa y premeditada la elección local de 212 alcaldes y 30 diputados locales con amplias posibilidades de torcer la voluntad popular.
Lo cierto es que los nuevos partidos sólo tiene la misión de pulverizar el voto el 1 de junio del 2021, ante el miedo de que funcione la alianza PAN-PRD-PRI y posiblemente MC y cause daños electorales a la 4T. Medida innecesaria porque las bases del PRI no están de acuerdo en apoyar a ningún candidato azul y viceversa.
Ni juntos PAN-PRD-PRI
En 30 días la alianza PAN-PRD-PRI perdió la primera batalla ante el Gobierno del Estado morenista, el 11 de mayo un día antes de ser sometida al Congreso Local la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz para reducir al 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos y desaparecer los consejos municipales electorales, esa alianza anunció su rechazo, pero algunos de sus diputados les dieron la espalda, luego muchos de sus alcaldes también se quebraron y el 11 de junio se alcanzó la aprobación en la mayoría de los 212 cabildos, de esa manera queda completamente en duda el liderazgo de esos tres partidos.
De nada sirvió que entre el PAN, PRD y PRI sumen 141 presidentes municipales, no todos jalaron y sí encueraron a sus dirigentes estatales.
Los liderazgo de Marlon Ramírez del PRI; Joaquín Guzmán, del PAN; y Jesús Alberto Velázquez no tuvieron la suficiente fuerza ni el Congreso ni en los municipios, con esa fragilidad se encaminan hacia el proceso electoral local del 2021 y la intermedia federal, contra las cuerdas ante el poder del gobierno.
El 12 de mayo, el diputado del PAN, Rodrigo García Escalante; del PRI, Antonio García Reyes y de MC, Alexis Sánchez García se quebraron a favor de la reforma empujada por MORENA, en las semanas siguientes decenas de municipios del PAN, PRD y PRI también desobedecieron a sus líderes y ahora, solo falta la ratificación en el Pleno del Congreso para que se aplique la nueva normatividad al proceso electoral.
Ya con las 107 actas de cabildo en la mano, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local, Xavier Gómez Cazarín se mofó de sus opositores; “Fue un argumento fallido de la oposición, mentir que en Veracruz se protegía al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al no contemplarse la revocación de mandato, total mentira, pues se tiene hasta junio de 2021 para establecer el método y plazos para sujetar al escrutinio público la permanencia no sólo del Ejecutivo estatal sino de todos los servidores públicos de elección popular”.