Veracruz endeudado

La deuda pública estatal suscrita por las pasadas administraciones gubernamentales con Instituciones Bancarias del Sistema Financiero Mexicano, fue renegociada por la actual administración con el aval del Congreso de Veracruz, para tratar de revertir las poco favorables condiciones para las finanzas públicas, uno de los pocos aciertos visibles del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y que operó José Luis Lima Franco desde la Sefiplan.

Y es que Lima es de los pocos secretarios con eficiencia y destreza que con su visión financiera aprovechó las buenas calificaciones que emiten las Agencias Calificadoras de Valores Moody´s, HR Ratings, Standard & Poor’s y Fitch Ratings y se lo planteó al Ejecutivo que a su vez solicitó y obtuvo del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la autorización para reestructurar y/o refinanciar la deuda pública estatal vigente, bajo mejores condiciones financieras a las anteriormente pactadas, reduciendo el plazo de amortización de los créditos a 20 años de los 38 mil millones de pesos que se deben.

La deuda pública era una de las preocupaciones del gobernador y en el replanteamiento también se disminuyen la sobretasa de interés a menos de un punto porcentual conforme a la calificación crediticia de dichas agencias calificadoras a la estructura de los créditos, reduciendo con ello el pago de intereses los créditos refinanciados.

En el bienio de Miguel Ángel Yunes se hundieron más las finanzas de Veracruz porque se aumentaron los intereses y los despachos contratados cobraron millonarios honorarios que despertaron sospechas, ya que el costo fue de más de 900 millones de pesos y ahora es de sólo 27 millones de pesos.

Los administradores actuales están obligados a cumplir con un mejor plan económico para fortalecer las finanzas del Estado mediante un esquema de pago más equilibrado, más eficiente y de menor costo para liberar recursos de Tesorería que se destinen a la inversión pública.

El acierto de SEFIPLAN, corresponde al uso de mecanismos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, para un proceso transparente con la obtención de las mejores condiciones del mercado y manteniendo la trayectoria anual a la baja en el saldo de la deuda pública, por concepto de las amortizaciones de capital.

Pago a proveedores.

El dolor de cabeza del gobierno desde la administración de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares, es el pago a los proveedores de los entes del gobierno estatal, y es que en la pasada administración no sólo no se pagó sino que se aumentaron las deudas y los proveedores que heredó la actual administración.

Para cubrir la deuda, se tenía que sacudir y cribar a los verdaderos empresarios de carne y hueso, por eso se inició la validación y verificación de los expedientes de proveedores y contratistas que presentan adeudos procedentes de ejercicios anteriores, consecuentes de adquisiciones de bienes o servicios, así como de obra pública, con ellas formalizada, para en su caso, establecer la procedencia del pago de los mismos, previa solicitud de las Unidades Administrativas correspondientes.

Para evitar más saqueo a las finanzas públicas, las instrucciones de pago deben ser acompañadas por los soportes documentales que sustenten la obligación de pago, incluyendo los documentos que acrediten los comprobantes fiscales soporte del adeudo; en caso de ser detectados faltantes o que la documentación no se encuentre debidamente integrada, es solicitado a las Unidades responsables, la atención de dichas inconsistencias.

Queda claro que no se les paga ni un peso a las empresas fantasmas o las que simularon proveer bienes, servicios u obras públicas no realizadas pero sí facturas con intenciones fraudulentas, además el pago queda sujeto a la suficiencia financiera existente, siendo determinados los montos y acreedores que se han venido pagando durante el presente ejercicio.

De acuerdo a información de SEFIPLAN, a la fecha han sido realizados un total de 237 pagos, por un monto global de 68.1 millones de pesos, correspondientes a expedientes integrados y tramitados por las distintas Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, validados por sus correspondientes Órganos Internos de Control, así como por las distintas áreas de esta Secretaria de Finanzas y Planeación.