Lo comenta el periodista sureño Pablo Jair Ortega, en su Columna Sin Nombre:
Al parecer mucha gente no ha comprendido que los tiempos no son como antes y que los cargos ya no se otorgan por presiones o movilizaciones al viejo estilo del priato. Es el caso de Gabriel Alejandro Williams Mendoza, a quien parece que no le dijeron que la elección de Fiscal General está en manos de los diputados locales y no es un puesto de elección popular, pues este jueves acudió a registrarse a las instalaciones del Congreso del Estado con porras y matracas, seguido de un intento de mitin político en el que le dijo a su comparsa que es la mejor opción porque según es el “candidato del pueblo”…
¿Un candidato del pueblo? ¡ah chinga!, pero si el señor dice que está respaldado por Barras de Abogados del sur de Veracruz, lo cual sería contradictorio a su discurso, ya que si cierto sector es quien lo impulsa, traería desde antes de su elección intereses claros y la procuración de justicia sólo sería para favorecer a unos cuantos.
Por cierto, Williams Mendoza fue denunciado por diputados locales del PAN en la pasada Legislatura, por un presunto fraude en la expedición de títulos de una maestría que no contaba con Registro de Validez Oficial (RVOE). Así consta en el libro de los debates del Congreso del Estado del 17 de octubre de 2017, cuando la diputada panista Dunyaska García Rojas solicitó tanto a la Fiscalía como a la SEV, proceder contra el entonces rector del Colegio de Derecho y Juicios Orales, Gabriel Alejandro Williams Mendoza, por haber cobrado 17 mil pesos para expedición de títulos de maestría a más de un centenar de alumnos en distintas partes del Estado y no los entregó. En tribuna, la legisladora expuso que los egresados del Colegio de Derecho y Juicios Orales (COLDER) enfrentaban severas y desesperantes dificultades para obtener los documentos de titulación que avalaran sus estudios. En ese momento, los alumnos en reiteradas ocasiones hicieron los tramites en el Colegio, e incluso cubrieron la cuota para la obtención del título y cédula de maestría, la cual ascendió a 17 mil pesos, y sólo recibieron respuestas vagas e imprecisas por parte del rector de la Institución. Según versiones, la carpeta de investigación es la 3042/2018, presentada ante la Unidad de Atención Temprana del Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en Xalapa.
