La Procuraduría General de Justicia local informó que un juez vinculó a proceso a una mujer de 46 años, como probable participante en el delito de fraude específico, cometido en agravio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, institución de la cual es empleada.
Edmundo Garrido, titular de la PGJ, detalló que la femenina habría participado en la sustracción de los recursos destinados al pago de la nómina de los empleados de esa dependencia el pasado 14 de noviembre.
Dio a conocer el Apoderado Legal de la Secretaría de Cultura denunció que el 14 de noviembre, aproximadamente a las 18:40 horas, fue informado de que la cuenta bancaria de la Institución, en la cual se realiza la dispersión de la nómina para el pago de los empleados, había sido hackeada y de la cual sustrajeron la cantidad de cinco millones 800 mil pesos.
La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales inició una carpeta de investigación, dando participación inmediata a la Policía Cibernética y solicitando la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de determinar los movimientos bancarios realizados, así como el aseguramiento de las cuentas respectivas.
De forma inmediata Agentes de la Policía de Investigación capitalina adscritos a la Unidad de Investigación Cibernética, realizaron diligencias en las instalaciones de la Secretaría de Cultura y obtuvieron las características técnicas de los equipos de cómputo en el lugar, destacándose que se logra recuperar las bitácoras y conexiones IP asociadas a cada equipo de cómputo integrado a la red de la institución afectada.
Edmundo Garrido informó que posteriormente, se realizaron diligencias por parte de personal ministerial tales como entrevistas e inspecciones así como solicitud de información a la institución bancaria encargada de las cuentas, detectando como se realizaron las transferencias ilícitas y las altas de cuentas no reconocidas. Asimismo, el agente del Ministerio Público obtuvo el dispositivo físico que funge como candado de seguridad, conocido como Token, y el usuario que realizó los movimientos.
Al conjuntar la información y tras realizar los análisis informáticos forenses, se encontró que la dirección IP asociada con la transferencia y operaciones no reconocidas correspondía con una que era utilizada en la propia Secretaría. Se obtuvo después que el equipo de cómputo asignado a la imputada coincidía en tiempo y lugar con los horarios de conexión de operaciones no reconocidas; incluso la empleada tenía bajo su resguardo el Token físico y se encontraron registros que el banco le envío por correo electrónico a su cuenta por cada operación realizada.
Además, en el análisis forense del equipo de cómputo de la imputada, se detectaron rastros de su actividad en Internet coincidentes en tiempo y lugar, toda vez que se apreciaban visitas con ingreso exitoso a la página oficial del banco en cuestión, lo que descartó cualquier intento de hackeo externo o suplantación de identidad informática. Esta actividad resultó contradictoria con el testimonio vertido por la imputada al momento de rendir su entrevista.
Ante esta situación se solicitó una orden de aprehensión por el delito de Fraude en contra de la imputada, la cual fue cumplimentada este viernes. En la audiencia inicial el Juez de Control la vinculó a proceso dándole como medida cautelar la firma periódica cada quince días y la abstención de salir de la Ciudad de México y del Estado de México, donde tiene su domicilio.
De la investigación se deriva que las cuentas a las que se destinó el dinero corresponden a diversas instituciones bancarias con sede en una entidad de la República, por lo que se ordenó un desglose para continuar con la investigación, a fin de ubicar y detener a otros posibles participantes.
