Leí con atención en las redes sociales un comentario realizado, en Twitter, por un cibernauta de nombre R. Román, en el que pone un dedo en la llaga sobre los acontecimientos más lacerantes que sufre la sociedad, la insensibilidad de las autoridades y, también, la apatía ciudadana respecto al elevado número de hechos violentos que se convierten en algo “ya es normal”.
Día con día en la cotidianeidad de las ciudades del país, siguen floreciendo los actos vandálicos y criminales que agobian a los ciudadanos y ponen a prueba a las instituciones de seguridad que, definitivamente, no tienen la capacidad de respuesta inmediata en el momento de la flagrancia y, mucho menos, cuando el delito es consumado y hay que investigar e ir trás los maleantes para encerrarlos en una cárcel.
La dilación en las investigaciones inicia el círculo vicioso de la impunidad, no hay capacidad de respuesta, insisto, y esa es la ventaja que los delincuentes aprovechan para ejecutar los actos vandálicos en contra del tejido social.
Delitos todos suceden cada día, los delincuentes, por ejemplo, del fuero común, lo saben y actúan con toda tranquilidad para robar y asaltar a la gente y a sus pertenencias incluido el robo de vehículos y robos a casa habitación, asaltos en plena vía pública y a la luz del día.
Cada mes los índices de los llamados delitos contra el patrimonio aumentan y en menor escala, los robos con violencia, también, empiezan a ser figura estadística en la cuantificación de daños.
Los delincuentes saben que las policías no actúan hasta que haya un denuncia y, como si fueran robos “hormiga” los delincuentes delinquen impunemente enfrente de las autoridades de Seguridad Pública, que no tienen trabajo realizado para prevenir el delito y los rondines de vigilancia con patrullas, sólo se hacen para mostrar presencia policiaca en la ciudad, pero, con los mínimos resultados, el incremento de los robos y la ineficiencia de las policías se hace “ya normal”.
Así, el ciudadano sale de su casa temiendo que los asaltantes puedan perpetrar un robo en su casa, mientras ellos trabajan, o robarles el auto o ser asaltado en plena vía pública, saliendo del cajero, en el estacionamiento o ser víctima de un arrebato del bolso, portafolio o alguna otra modalidad del amplio repertorio de los asaltantes, total ese tipo de acciones delictivas “ya es normal”.
La investigación, si es que te atreves a denunciar, pasa por un proceso tortuoso, desde que vas a pedir información sobre qué hacer si eres víctima de los delincuentes. El proceso desde la solicitud de información hasta la atención que recibes de la autoridad cuando vienes a quejarte de un delito que te ha causado temor, impotencia y daño al ser despojado de tus pertenencias, tienes que soportar los desplantes de la las autoridades ministeriales, luego de haber recibido las negativas de los cuerpos policiacos, porque los uniformados de la policía no persiguen a los delincuentes, eso lo hacen los agentes ministeriales, luego de una orden del fiscal en turno.
Quizás, ahí este inmerso el germen de la impunidad que inhibe que los ciudadanos, víctimas de un delito, ir presentar las denuncias correspondientes y exigir justicia pronta y expedita, porque saben que al final, dentro del proceso de denuncia, el ofendido por un robo o asalto se vuelve víctima de las autoridades porque para ellos (las autoridades) es desesperante que el ciudadano llegue con su pesar de haber sido victimizado por los delincuentes a pedir justicia.
La percepción del ciudadano es que la autoridad puede, incluso, coludirse con los malhechores para facilitarles las acciones delictivas, con esa suposición los malandros siguen con ventaja para fortalecer la cadena de impunidad, cuántas veces no se han reportado y señalado a malandros y a la hora de la detención los agentes policiales sucumben a una dadiva o compartir el botín, dejando a estos sujetos en libertad. Total “ya es normal”.
Muchas historias se han tejido porque las autoridades del ramo de la seguridad, también, sucumben al soborno y en ocasiones son señalados como sujetos activos en algunas actividades delictivas, lo que hace más peligroso ir a interponer una denuncia cuando ni siquiera se sabe de qué lado están los agentes de encargados de salvaguardar el derecho a la seguridad.
Obviamente, todas esas gestiones de corrupción dentro de las oficinas de seguridad pública, se añejaron en casi 80 años de hegemonía de un sistema político que construyó y finalmente cayó por el descontrol de la misma corrupción; el monstruo se comió a su creador.
Sin embargo, la impunidad creo el imperio de la corrupción, la impunidad creció y se consolidó en un ambiente de miedo y decepción por la ineficiencia de los aparatos encargados de tutelar la seguridad pública.
A cada apartado de delitos de seguridad pública que, el mismo Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tipifica como indicadores de delitos del fuero común y su incidencia en las entidades federativas dan cuenta de la cifras a la alza, y la respuesta del sistema de justicia sigue igual, es decir, dilación en las averiguaciones previas, falta de personal para dar trámite a las investigaciones, dilación de los jueces por dictar sentencia, ordenes de aprehensión atoradas en la tramitología, mala integración de las carpetas de investigación y otra serie de acciones funcionales y estructurales ineficientes para la atención ciudadana víctimas de delitos que abandonan la tutela de la justicia porque hay incapacidad de resolver el mínimo de los delitos “ya es normal”.
Este escenario es uno de los retos más importantes que enfrentará, hablando de delitos del fuero común, el próximo Gobernador de Veracruz que, poco tendrá el apoyo del Presidente Electo, que estará bastante ocupado tratando de resolver los delitos federales y de alto impacto en todo el país, si se logra romper la incidencia delictiva, recibirán nuestros merecidos elogios, apoyo y aplausos, si no lo logra concluiremos que en este país la violencia e inseguridad YA ES ALGO NORMAL.
fl.carranco@gmail.com
